Con votación unánime, el Pleno del Congreso del Estado aprobó en sesión extraordinaria las correcciones a la reforma judicial del Estado a los temas que la bancada morenista advirtió como inconstitucionales, riesgosos para la democracia y distantes de la reforma federal en la materia. Los seis diputados morenistas votaron en contra en esa ocasión.
Los cambios a la reforma del gobernador tiran la figura del “juez de jueces”: el magistrado único que encabezaría el Tribunal Unitario de Disciplina Judicial, facultado para desahogar el procedimiento de responsabilidades administrativas de los juzgadores y con carácter inapelable. En cambio, se aprobó el Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por tres magistrados de elección popular.
Las adecuaciones a la nueva reforma judicial estatal son en mayor parte los temas que suscitaron el desacuerdo de la bancada morenista, como el tribunal unitario de disciplina, que el gobernador propuso con una sola persona al frente.
En su participación en tribuna, la diputada morenista Gabriela López Torres sostuvo que la reforma judicial federal no es “una reforma a modo”, por eso se busca que la adecuación estatal corresponda en el mismo sentido.
Rubén Guajardo Barrera, que votó a favor de la reforma judicial estatal propuesta por Ricardo Gallardo, cuestionó la versión “democratizadora” de la reforma judicial federal. Le contestó en su turno el morenista Carlos Arrela Mallol, recordándole que Roberto Gil Zuarth, influyente funcionario de la Presidencia calderonista y hoy aspirante a ministro de la Suprema Corte, “quitaba y ponía magistrados”.
Guajardo subió otra vez a reconocer que Gil Zuarth es amigo suyo y recordó que el padre de Carlos Arreola Mallol fue candidato a magistrado (no fue electo). Arreola no tardó en responder también en Tribuna, con una clara referencia para Guajardo, señalando las parentelas en el Poder Judicial, con cargos conseguidos por influencias y grandes despachos. “Con la reforma, le quitamos el poder judicial a los despachos del PRIAN, que quitaban y ponían magistrados”.
La unanimidad por el dictamen sumó 25 votos; no estuvieron presentes en la sesión las priistas Frinné Azuara, por enfermedad, y Sara Rocha.
Las correcciones aprobadas ordenan que la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se renovará cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
Respecto a la presidencia del Órgano de Administración Judicial, durará dos años y será rotatoria, en términos de lo que establezcan las leyes. Quienes integren el Pleno del Órgano de Administración Judicial deberán ser mexicanos y potosinos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; contar con experiencia profesional mínima de cinco años; y contar con título de licenciatura en derecho, economía, actuaría, administración, contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades del órgano de administración judicial, con antigüedad mínima de cinco años. No deben estar inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni haber sido condenados por delito doloso con sanción privativa de la libertad;
En cuanto Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se establece que cada uno de ellos cuente con un Comité de Evaluación, con el objetivo de que cuenten con procedimiento de revisión, evaluación y selección de candidatos y candidatas para los cargos de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, incluyendo el procedimiento de insaculación pública, en los términos que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de los cinco días naturales siguientes a la emisión de sus reglas de funcionamiento, los Comités de Evaluación emitirán sus propias convocatorias dirigidas a profesionales del derecho en el Estado de San Luis Potosí interesados en participar en la evaluación y selección de postulaciones para la elección de las personas juzgadoras que ocuparán los cargos, de acuerdo con la estructura judicial notificada por el Congreso del Estado
Además, cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación, por orden de prelación. Sus funciones incluyen la supervisión, evaluación, investigación de conductas irregulares y la aplicación de sanciones administrativas.
