Nataly Cárdenas
El futuro de los exfuncionarios del primer Concejo Municipal de Villa de Pozos se definirá el próximo miércoles 10 de junio, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva de forma definitiva la queja número 15/2026-CA. El proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo propone rechazar este reclamo y mantener firme la cancelación del juicio (la controversia constitucional 7/2026) con el que los exfuncionarios buscaban revertir su destitución masiva, la cual aprobó el Congreso de San Luis Potosí tras el escándalo por la filtración de un audio sobre un presunto bono de 200 mil pesos.
La propuesta del ministro ponente ratifica el criterio de que los concejales regidores carecen de facultades legales para firmar una demanda a nombre de todo el ayuntamiento, una atribución que la legislación de San Luis Potosí le otorga exclusivamente a la sindicatura. Además, concluye que el intento de la entonces síndica, Liliana Méndez Fajardo, por intervenir en el caso y salvar la demanda no tiene validez jurídica, debido a que el Congreso del Estado ya había publicado su destitución definitiva el 22 de diciembre de 2025, un mes antes de que ella intentara firmar ante la Corte.
El caso comenzó a finales de 2025 a raíz de los decretos emitidos por el Congreso del Estado. El 14 de noviembre, los diputados aceptaron la renuncia de la primera presidenta concejal y nombraron a su relevo. Poco después, el 22 de diciembre, se publicó la destitución masiva de los integrantes del Concejo. En su demanda ante la SCJN, los funcionarios removidos reclamaron que la expulsión se ejecutó sin un procedimiento que garantizara su adecuada defensa.
En su momento, los funcionarios señalados rechazaron de manera pública los señalamientos de corrupción y descalificaron la interpretación de la grabación. Maribel Lemoine afirmó que el acuerdo unánime de los 14 concejales buscaba la devolución del Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores y negó la solicitud de un bono navideño o adelanto de aguinaldo.
La resolución que discutirá el Pleno de la SCJN aclara que el desechamiento del caso no representa una validación a la constitucionalidad de los decretos emitidos por el Congreso del Estado. El proyecto concluye que se trata del incumplimiento de un presupuesto procesal básico de representación legal, por lo que los derechos individuales de los exfuncionarios quedan a salvo para ser defendidos por otras vías jurídicas. El asunto aparece inscrito de forma oficial en el punto número 9 del orden del día de la sesión del 10 de junio.