La organización Artículo 19 rechazó la aprobación de la reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para castigar conductas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial.
Mediante un comunicado, detalló que las adiciones al artículo 187 Ter, así como los artículos 272 Ter y 272 Bis, carecen de precisión técnica y conceptual, al introducir definiciones amplias y ambiguas sobre lo que debe entenderse por “alarma pública” o “paz social”.
Tampoco se establecen criterios que permitan distinguir e identificar las motivaciones detrás de la emisión de una expresión para considerar que esta fue realizada con “dolo”.
Artículo 19 advierte que esta falta de claridad puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias o discrecionales al no establecer de forma clara, previa y estricta las conductas que realmente constituyen un delito. “En consecuencia, se abre la puerta a la criminalización de actividades legítimas y cotidianas en una sociedad digital, como la edición de contenidos, la creación y libertad artística, la crítica política y el uso de herramientas de inteligencia artificial para distintos fines”.
Considera que la reforma aprobada por el Congreso potosino refuerza una tendencia preocupante en la que la creación de nuevos tipos delictivos parece responder más a una necesidad política de “innovar” o generar impacto mediático que a un análisis técnico y jurídico sólido. También responde a una tendencia ascendente para sancionar conductas relacionadas con la libertad de expresión.
Señala que aunque el texto incluye excepciones para actividades periodísticas, artísticas o de crítica política, su ambigüedad deja un margen peligroso para la interpretación discrecional, lo que podría derivar en censura de contenidos incómodos, críticas al poder, o manifestaciones culturales que utilicen herramientas digitales.
“En la primera mitad del año ARTICLE 19 documentó un alarmante aumento del acoso judicial contra periodistas: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos, lo que equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio. De esos 51, 14 fueron por la vía penal (27.45%). La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos, aprovechando explotar un marco jurídico que lo habilite”.
Artículo 19 elaboró un documento de observaciones técnicas que fue enviado a las y los diputados de la Comisión Primera de Justicia del Congreso de San Luis Potosí el lunes 10 de noviembre. “Dichas observaciones fueron desestimadas, resultando en una modificación al Código Penal contrario a derecho. Reiteramos la necesidad de contar con un conocimiento mínimo en materia de derechos digitales al momento de deliberar nuevas leyes y reformas que los trastoquen, que garantice que las iniciativas protejan los derechos humanos en el espacio digital y no se conviertan en instrumentos de restricción o control de la libre expresión, como los aprobados”.