La tragedia climática que ha golpeado a la Huasteca y el Golfo de México es la predecible factura de una negligencia crónica. No es la furia de la naturaleza lo que inunda de luto y escombros, sino la incapacidad manifiesta de las administraciones estatales y municipales para prever y proteger. La alerta de lluvias intensas para Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla fue emitida por el SMN desde el 6 de octubre. Una advertencia clara que, como tantas veces, fue ignorada.
El contraste en la respuesta política es, sin embargo, notable y obliga a hacer una distinción. A diferencia de su antecesor, el presidente López Obrador, quien optó por la distancia y delegó la atención a los damnificados, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum sí ha salido personalmente a las zonas de desastre.
No obstante, esta reacción oportuna desde el centro no exime de responsabilidad a los gobiernos locales, los verdaderos responsables de la prevención. Los estados tienen oficinas de Protección Civil que operan, en la mayoría de los casos, como meras agencias de reacción tardía. Son unidades con mandos que suelen ser cargos políticos sin la menor preparación técnica para una gestión integral de riesgos.
La mala fama de estos aparatos se extiende más allá de la incompetencia. Se les señala por extorsionar a comercios que buscan operar y hostigar a empresarios de todos los giros. En lugar de salvaguardar vidas y bienes, sus funciones se desvirtúan hacia la recaudación clientelar o la represalia política. La prevención, la única tarea que podría evitar las pérdidas, es inexistente.
Cuando la desgracia ya consumIó el patrimonio de miles, el guion se repite con el predecible espectáculo de la dádiva. Lo vimos con el gobernador de San Luis Potosí sacando dinero de su propia cartera, una imagen más digna de la caridad personal que de una respuesta institucional sólida. Es el reflejo de la improvisación ante la ausencia de mecanismos financieros y operativos robustos.
Veracruz, un estado gobernado por Morena, se perfila como el epicentro de la tragedia, exhibiendo la peor cara de la ineficacia. El desastre ahí, con la gobernadora Rocío Nahle en el reflector de la indignación, es una vergüenza que mancha al partido en el poder. La evidencia es clara: la alerta del Sistema Meteorológico Nacional se ahondó el 7 de octubre, señalando el riesgo de desbordamiento en la Huasteca.
La repetición del desastre en las mismas áreas habitadas es la prueba irrefutable. No se trata solo de la falta de personal calificado en Protección Civil con una visión previsora; es la ausencia de obras de infraestructura permanentes y contundentes para contener los estragos. La prevención requiere ingeniería, presupuestos etiquetados y voluntad política, no solo promesas post-mortem ni el bochornoso reparto de despensas.
El costo de no prevenir siempre será exponencialmente mayor al de construir infraestructura. México sigue atrapado en un ciclo vicioso de desastre-reacción-olvido, que castiga a los más vulnerables. Es hora de que los gobiernos estatales y municipales entiendan que su papel no es administrar la catástrofe, sino evitarla.