El estado de San Luis Potosí ascendió seis lugares en el Índice de Competitividad Estatal que elabora el IMCO, pero arrastra su peor cara en salud y seguridad.
El Instituto Mexicano de la Competitividad colocó a San Luis Potosí en el lugar 12 de su ranking de Competitividad por Estados 2025 y marca un ascenso de seis posiciones con respecto de la edición anterior. El criterio de IMCO la ubica en el bloque de estados de competitividad Media Alta.
Las fortalezas de San Luis Potosí son de media tabla ascendente en innovación y complejidad económica, sin embargo, el IMCO marca que sus retos son servicios de salud y seguridad, en la región Bajío.
El IMCO utilizó para el índice de 2025 un total de 53 variables. Los indicadores se agrupan en seis subíndices: Innovación y Economía, Infraestructura, Mercado de trabajo, Sociedad y Medio Ambiente, Derecho y Sistema político y Gobiernos. La única posición de Muy Alta Competitividad es de la Ciudad de México, seguida al nivel de Alta por Baja California Sur, Nuevo León y Jalisco. Ya en la categoría de competitividad Media Alta, Aguascalientes y Querétaro ocupan los lugares 5 y 6. Guanajuato va en el 13, un lugar después de San Luis Potosí.
Es en el subíndice de Derecho donde peor le va a San Luis Potosí, ubicada en el lugar 25 de este bloque, por su baja competitividad en servicios notariales, el robo de vehículos, los delitos no denunciados y la incidencia delictiva. De este subíndice, el peor concepto es el de agresiones a periodistas, donde San Luis Potosí se va al lugar 28.
En el subíndice de Sociedad y Medio Ambiente, SLP ocupa el lugar 15, con los peores puntos, en color rojo, por los servicios de salud, específicamente por el promedio de personal médico y de enfermería (lugar 29 nacional) y por el personal de especialidad médica en servicio a la población (lugar 30).
El mejor subíndice (10) es el de Sistema Político y Gobiernos,del que el IMCO destaca el alto índice de participación en elecciones, percepción de corrupción y manejo de deuda, aunque por otro lado puntea muy atrás su marco regulatorio, el alto costo promedio de la deuda y la ineficacia recaudatoria.