En la política mexicana, la coherencia suele ser un estorbo y la ideología, un disfraz de quita y pon. Pero lo ocurrido en San Luis Potosí en las últimas horas trasciende la mera picaresca para instalarse en el terreno del absurdo. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha decidido vetar la reforma electoral que él mismo impulsó, esa carambola legislativa diseñada para que solo mujeres pudieran competir por la gubernatura en 2027. Un traje a la medida para su esposa, la senadora Ruth González Silva, que de pronto se ha quedado sin costurero.
El espectáculo es, cuando menos, fascinante desde una distancia cínica. Hace apenas unos días, el Congreso potosino era un festival de progresismo impostado. Diputados del PVEM, pero también del PRI, PAN, MC y Panal, se envolvieron en la bandera del feminismo para aprobar la “Ley Esposa”. Con una retórica que habría hecho palidecer a las sufragistas históricas, argumentaron que “ya era la hora de las mujeres”. Lo que olvidaron mencionar es que, en su diccionario particular, “mujeres” era un sustantivo propio y con apellidos muy específicos.
El arquitecto de esta catedral de la obsequiosidad ha sido Héctor Serrano. El presidente de la Junta de Coordinación Política, operador fosforescente y mano talachera del gallardismo, se empleó a fondo para sacar adelante una reforma que desafiaba la lógica constitucional y el sentido común. Serrano, en su papel de cortesano diligente se desgastó con propios y extraños para “convencer” que el blindaje legal a la sucesión dinástica era un acto de justicia histórica. Hoy, tras el veto de su jefe y amigo, Serrano queda en una posición que en cualquier otra democracia invitaría a la reflexión o a la dimisión, pero que aquí probablemente solo le obligue a buscar un nuevo argumento para explicar por qué lo que ayer era indispensable hoy es desechable.
¿Qué ha pasado para que el gobernador decida cortarle las alas a su propio proyecto? La respuesta no está en las plazas de San Luis, sino en los pasillos de Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum nunca ocultó su desdén por esta maniobra. Para una mandataria que ha hecho de la lucha contra el nepotismo una de sus banderas —y que mira con recelo las autonomías feudales de sus aliados—, la reforma potosina es un dardo envenenado. Sheinbaum ya lo advirtió en diciembre: las leyes deben ajustarse a la Constitución, no a los árboles genealógicos. Quizá entendió, por interpósita persona, que enfrentarse a la presidenta por una ambición familiar tiene un costo político alto.
Ahora queda ver el papelón de la oposición y de los aliados legislativos. Esos diputados que ayer votaron con el puño en alto por la paridad forzada, ¿mantendrán su supuesta convicción feminista o darán el consabido “veletazo”? La sospecha es que la dignidad legislativa en San Luis Potosí tiene el mismo peso que una promesa de campaña: ninguno.
Evidentemente el veto de Gallardo no es un acto de contrición democrática, sino un ejercicio de supervivencia. Sacrifica la “Ley Esposa” para no romper con la mandataria. Mientras tanto, Héctor Serrano y su coro de diputados aguardan instrucciones, demostrando que en el gallardato la ley no es más que un borrador que se escribe y se borra según el humor del patrón y el clima en la capital. Al final, el feminismo potosino resultó ser lo que muchos sospechábamos: una herramienta de marketing que, al primer trueno, ha sido guardada en el cajón de las oportunidades perdidas.