Por: Juan Francisco Aguilar Hernández
El Congreso del Estado de San Luis Potosí acaba de desechar una iniciativa que proponía regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas. En la iniciativa se plantea adicionar un artículo a la Ley de Educación y otro a la Ley de Prevención y Seguridad Escolar. El objetivo era claro: restringir de manera razonable —con excepciones para fines pedagógicos, médicos o de emergencia— el uso de dispositivos móviles en las aulas.
Lo sorprendente no es que el tema cause debate, sino que el dictamen que la rechazó se basó en argumentos meramente formales: que la iniciativa estaba “mal ubicada” en la Ley o que el artículo no guardaba relación directa con el objeto de la norma de seguridad escolar. En pocas palabras: tecnicismos.
El fondo olvidado
¿De verdad vamos a seguir discutiendo en qué capítulo debe colocarse un artículo en vez de atender un problema que afecta a miles de familias? Las y los docentes lo saben: los celulares en las aulas son una fuente constante de distracción, fomentan el ciberacoso y exponen a los menores a contenidos violentos o sexuales sin filtros. Negar que esto tiene un impacto en la seguridad escolar es cerrar los ojos a la realidad.
La iniciativa no prohibía de manera absoluta; regulaba con sensatez. Permitía excepciones claras y daba margen a la autoridad educativa para emitir lineamientos flexibles. En otros países que adoptaron medidas similares, los resultados han sido positivos: mejor concentración en clases, menos bullying digital, más convivencia presencial.
Interés superior de la niñez
Nuestra Constitución y la Suprema Corte han establecido que, frente a cualquier duda, debe prevalecer el interés superior de la niñez. Eso significa que si existe un conflicto entre tecnicismos legislativos y la protección de los menores, debe privilegiarse lo segundo. El Congreso tenía la facultad de reubicar el artículo o ajustar su redacción; lo que no debió hacer fue desecharlo sin mayor discusión.
Si hablamos de seguridad escolar, hablamos también de prevenir riesgos digitales, de crear entornos de aprendizaje libres de acoso y de garantizar que las niñas y niños reciban educación sin distracciones tecnológicas. No legislar en este sentido es una omisión legislativa.
Legislación preventiva
La tarea de los congresos no es solo reaccionar cuando el problema ya explotó, sino legislar de manera preventiva y proactiva. El uso de dispositivos móviles en la escuela no es una moda pasajera: es un desafío presente y futuro que exige reglas claras. Padres de familia, maestros y directores lo viven día con día.
Al desestimar esta iniciativa bajo pretextos de forma, el Congreso manda un mensaje equivocado: que los intereses de la niñez pueden esperar, que los problemas de seguridad digital no son prioridad. Y no, no pueden esperar.
Un debate pendiente
Lo que procedía no era desechar la iniciativa, sino abrir un debate serio, escuchar a especialistas en educación, psicología y seguridad digital, y enriquecer la propuesta. Nadie dice que el texto original fuera perfecto —ningún proyecto legislativo lo es—, pero representaba un paso necesario para empezar a regular un tema inaplazable.
El Congreso debe corregir el rumbo. San Luis Potosí necesita reglas claras sobre el uso de celulares en las aulas, no dictámenes que escondan la problemática detrás de argumentos de técnica legislativa.
El verdadero error no estuvo en la iniciativa, sino en el dictamen que la desechó. Ojalá los legisladores recuerden que el deber más alto que tienen no es con los reglamentos internos ni con la comodidad de los dictámenes, sino con la niñez potosina. Y esa, hay que decirlo fuerte, no merece esperar.