El exdiputado Juan Francisco Aguilar Hernández entregó al Congreso del Estado una iniciativa para prohibir el uso de celulares en las escuelas primarias y secundarias públicas y primarias.
En su exposición de motivos, detalla que si bien los dispositivos móviles, como los teléfonos celulares, ofrecen múltiples beneficios en términos de conectividad, acceso a la información y herramientas educativas, su uso indiscriminado y sin regulación ha generado diversas preocupaciones en los ámbitos educativo, social y de salud pública.
Añade que en el entorno escolar, el uso excesivo e inadecuado de estos dispositivos ha sido objeto de un creciente debate a nivel nacional e internacional, debido a sus efectos adversos en la atención, el rendimiento académico, la salud mental y la calidad de la convivencia en las aulas.
“Asimismo, se ha documentado un aumento en conductas de riesgo como el acoso escolar en línea (ciberacoso), el aislamiento social y la dependencia tecnológica, fenómenos que pueden tener consecuencias profundas y duraderas en el desarrollo emocional y psicológico de las y los estudiantes. Estas problemáticas se agravan particularmente en niñas, niños y adolescentes menores de 15 años, cuya madurez emocional y capacidad de autorregulación aún se encuentran en desarrollo”.
Por ello, el exlegislador plantea reformar la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el fin de prohibir el uso de teléfonos celulares a estudiantes menores de 16 años durante el horario escolar, incluyendo recesos y actividades extracurriculares dentro del plantel, y exceptuando aquellos casos debidamente justificados por razones médicas, pedagógicas o de emergencia, bajo supervisión del personal docente o directivo.
Añade que el incumplimiento de esta disposición dará lugar a medidas disciplinarias proporcionales, conforme al reglamento interno del plantel y respetando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además, el personal docente y directivo está facultado para resguardar dichos dispositivos durante la jornada escolar si son utilizados indebidamente, con devolución al final del día.
En los transitorios, agrega que la Secretaría de Educación del Estado tendrá un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de este decreto para emitir lineamientos que faciliten su implementación y dar aviso a todas las instituciones educativas públicas y privadas.