“La reforma judicial no tiene parangón en el derecho comparado, en ningún país del mundo, no hay ningún antecedente en el que en el que elijan a todos los jueces por voto popular, en ninguna democracia avanzada; es una ‘solución a la mexicana’, se nos ocurrió algo que nadie había visto; toda Europa, Estados Unidos, todos están equivocados menos México, somos los portadores de la verdad. ¿Por qué nosotros implementaremos un sistema que en ningún país siguen?”, cuestionó el abogado Miguel Carbonell ayer lunes en su visita a San Luis Potosí.
Durante la conferencia “Desafíos de la reforma judicial y sus perspectivas”, impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el también director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y autor de más de 85 libros, reconoció que existen grandes insuficiencias en la procuración e impartición de justicia, por lo que consideró necesaria una reforma judicial, pero no eligiendo a los jueces mediante voto popular.
Recordó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, promotor de la reforma, se habló sobre corrupción y nepotismo, “y lo dijo la persona que dejó a su hijo como secretario de Organización de Morena”.
POPULARIDAD O NEXOS RIESGOSOS EN VEZ DE MÉRITOS Y CONOCIMIENTOS
El especialista se refirió a la premisa utilizada como justificación para la reforma judicial: devolverle el poder al pueblo, lo cual consideró complicado, pues la ciudadanía que tiene en sus manos el voto popular para elegir a los jueces, en su mayoría desconoce lo que implican los diferentes cargos y los perfiles que se requieren para cumplir esas funciones:
“Existe una falta de conocimientos legales de los votantes, ¿saben acaso qué elegirán? No hay nada peor para la democracia que el exceso de democracia”.
Uno de los mayores peligros, advirtió, es que se politice el sistema jurídico y que en vez de perfiles técnicos o bien preparados, sea controlado por personas con conexiones políticas o peor aún, que exista influencia del crimen organizado, ya sea mediante financimiento, amenazas o asesinatos, o bien, uso de recursos ilícitos en los procesos de elección.
Subrayó que si con el voto popular se le da más prioridad a la popularidad que a los méritos, estará en riesgo la seguridad jurídica en el país:
“Con sentencias para quedar bien ante la opinión pública no es un ejercicio de garantía, sino de popularidad. Un juez que busque el aplauso es un gran peligro, un veneno social”.
UN COSTO INNECESARIO
Entre los temas que más le preocupan, Carbonell mencionó también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasará de 11 a 9 integrantes y se eliminarán las salas, “y en muchas ocasiones las salas funcionaban mejor que el pleno, la mayoría de las sentencias eran de las salas”.
Asimismo, consideró grave que las acciones de inconstitucionalidad ya no incluirán la suspensión como medida cautelar para dejar viva la materia del juicio, es decir, si alguien comete un acto inconstitucional, puede decir: “aviéntate, dentro de año y medio que se resuelva la acción de inconstitucionalidad, ya logramos lo que queríamos”.
Respecto al costo de la reforma judicial, Miguel Carbonell comentó que se destinarán 13 mil 025 millones de pesos para renovar 881 cargos, lo que significa que cada uno de ellos costará casi 15 millones de pesos, en un país que enfrenta una preocupante situación económica.
APOYAR A LOS MEJORES E IMPEDIR QUE LLEGUEN LOS PEORES
Por otra parte, cuestionó si quienes ocupen los cargos será gente lo suficientemente preparada como para atender los miles de casos que tendrán que resolver.
Mencionó el requisito de las cinco cartas de recomendación para inscribirse en el proceso para convertirse en juez, e ironizó sobre el riesgo de que se conviertan en jueces quienes quedaron bien con sus vecinos.
Ante el proceso de elección de jueces que se avecina, cuyas campañas inician a finales de marzo, Miguel Carbonell insistió en que la ciudadanía se informe y conozca tanto las trayectorias como los perfiles de quienes aspiran a ocupar un cargo en el poder judicial.
En particular, subrayó la importancia de salir el 1 de junio y “apoyar a los mejores perfiles e impedir que lleguen los peores, porque sí hay unos perfiles que asustan”.
Subrayó que en los últimos años, apellidos como Batres, Monreal o Alcalde se han reproducido en el servicio público, aunque también reconoció que desde el Poder Judicial se le dieron al Poder Ejecutivo argumentos para descabezar al sistema, como el hecho de que exista un 37 % de familiares en el Poder Judicial Federal, así como las excesivas prestaciones, e incluso la tardanza para resolver asuntos legales como el amparo de Ricardo Salinas Pliego, “eso para un régimen populista es un caramelo, un regalo”.
HACE FALTA COMUNICAR MEJOR
Carbonell recalcó que quienes laboran en los juzgados merecen una buena paga, “muchos entregan su vida en ello”, aunque consideró que sí era necesario frenar los excesos, pero “el país merecía discutirlo”.
Enfatizó que tanto en el Poder Judicial como en la abogacía en general, hace mucha falta mejorar la comunicación social, para que la ciudadanía realmente comprenda el trabajo que se realiza, sin recurrir a boletines con términos complejos y citas de artículos de la ley que no toda la gente comprende.
Un ejemplo de ello, mencionó Cabonell, es que “nunca habíamos tenido una corte tan buena como la que tuvimos en los ultimos años pero no se supo explicar, la comunidad jurídica no supimos defender a la Suprema Corte, no se diseñó una estrategia”, y añadió que incluso existen muchas sentencias mexicanas que son citadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y ante la incertidumbre por lo que ocurra a partir del 1 de septiembre, en que rendirán protesta los nuevos funcionarios, recomendó al gremio de abogados recurrir en los contratos a cláusulas arbitrales y de mediación, explorar medios alternativos de soluciones de controversias, negociación y conciliación “por si no podemos confiar en el Poder Judicial”.