Por pérdida de confianza, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) despidió a una abogada que extorsionaba y “vendía protección” a personal universitario que enfrentaba algún proceso de sanción laboral. La exfuncionaria, hija de un exabogado general de la UASLP, utilizó con fines de lucro información sensible a la que tenía acceso.
Inconforme con el monto de su jubilación, el padre de la exfuncionaria demandó a la UASLP en reclamo de un supuesto adeudo de dos millones y medio de pesos. El hombre no duró en el cargo el mínimo de cinco años que la norma laboral interna establece a los funcionarios para jubilarse con el sueldo del último puesto en el que se laboró, por lo que no se le dio la pensión que alegaba merecer, de un sueldo mensual integrado de 166 mil pesos, por lo que demandó por “diferencias no pagadas”.
Con su hija en la entonces oficina de Abogado General, a cargo de Joel González de Anda, el exfuncionario ganó amparos por omisiones de la representación jurídica universitaria. Sin embargo, sus pretensiones de cobrar 2 millones y medio de pesos se quedaron en pausa porque omitió en sus reclamos que la pensión universitaria es un complemento de la del ISSSTE y él ya había recibido puntualmente la parte que correspondía de esta institución. La UASLP solicitó revisión y contraste de las cantidades que ha recibido del ISSSTE desde que se jubiló.
Para entonces, la hija del exabogado general ya enfrentaba una rescisión de contrato, derivada de denuncias de empleados universitarios a quienes solicitó diversas cantidades de dinero con la oferta de evitarles sanciones por proceso de índole laboral. La ahora exfuncionaria incluso proveía a sus “clientes” documentos que les permitan anticiparse en tribunales laborales a las acciones jurídicas de la UASLP.