A partir de ayer 1 de enero de 2025 inició el cobro de control vehicular para unidades que transitan en San Luis Potosí, y este año se incluye también el pago por renovación de tarjeta de circulación.
Otro cambio impuesto en la Ley de Ingresos 2025 es que el estímulo de placas gratis ya no aplicará para vehículos con valor inferior a los 500 mil pesos, sino solo a aquellos que cuestan menos de 350 mil pesos, con el argumento de beneficiar a las familias que más lo necesitan.
Y para quienes deseen realizar la baja administrativa del padrón vehicular, antes ese trámite costaba 2.13 veces el valor de la UMA vigente (alrededor de 231.25 pesos), pero a partir del 2025, el gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona lo eleva más del doble: a 5.2 veces el valor de la UMA vigente, es decir: 564.56 pesos. ¿Su justificación? Dicho concepto de cobro no ha sufrido actualizaciones desde el año 2013.
Para un vehículo sedán, la cotización de canje anual para los primeros días de enero de 2025 es de mil 075 pesos, a lo que se le suman 717 pesos por la renovación de la tarjeta de circulación, más 448 pesos de asistencia social, para un total de dos mil 240 pesos.
El monto podría aumentar en unos días más, una vez que se dé a conocer la Unidad de Medida y Actualización (UMA) aplicable para 2025.
En el 2023 y 2024, para un automóvil de las mismas características, los pagos requeridos eran: mil 027 pesos de canje anual y 257 de asistencia social, por lo que el total ascendía a mil 284 pesos cada año.
El cobro por asistencia social de 2024 a 2025 aumentó 74.3 %, al pasar de 257 a 448 pesos, y en años anteriores se había mantenido por debajo de los 260 pesos.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, “existe obligación de efectuar canje de placas cada tres años, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, aunque desde sexenios anteriores hay la posibilidad de conservar las mismas placas y solo renovar la tarjeta de circulación.
Hace tres años sí fue obligatorio el canje de placas, con el diseño gallardista, y en ese entonces, si se pagaba en los primeros días del año, los cobros eran los siguientes: canje anual, 887 pesos; canje de placas, gratuito y asistencia social, 222 pesos, para un total de mil 109 pesos. El canje de placas incluía el cambio de tarjeta de circulación.
Por otra parte en la Ley de Ingresos 2025 de Gobierno del Estado se justifica que: “es necesaria la homologación del costo que genera tanto la reposición como la renovación de tarjetas de circulación además de actualizar la tasa que genera su emisión de 2.89 UMAS vigente actualmente a 6.6 veces el valor de la UMA vigente que no ha sufrido actualizaciones desde el ejercicio 2013”.
Lo anterior significa un encarecimiento de más del doble en las tarjetas de circulación, pues si desde el 2013 costaban 313.76 pesos, ahora se cobran en 717 pesos. Actualmente el valor de una UMA es de 108.57 pesos.
De acuerdo con la Estadística de Vehículos de Motor Registrados en Circulación el parque vehicular en San Luis Potosí está compuesto por un millón 476 mil 277 unidades vehículos particulares, camiones para pasajeros, unidades de carga y motocicletas, por lo que se prevé una recaudación de por lo menos 3 mil 306 millones 860 mil 480 pesos.
No obstante, en la Ley de Ingresos 2025 la Secretaría de Finanzas solo menciona la previsión una recaudación de 934 millones 459 mil 453 pesos por control vehicular y 243 millones 696 mil 171 pesos de asistencia social, además de 10 millones 334 mil 632 pesos por la expedición de licencias de manejo, más de cinco millones de pesos por la certificación de facturas electrónicas y más de 500 mil pesos por Catastro, pero Finanzas no incluye en sus cifras el monto que esperan recaudar por cobrar el cambio de tarjeta de circulación.
Asimismo, se advierte que con la implementación de los programas de gratuidad en trámites de control vehicular se ha incrementado también el número de registros con los que cuenta el padrón vehicular del estado y se ha presentado un aumento en el número de trámites no procedentes ante la detección de documentación falsa proveniente de otras entidades federativas para acreditar pagos de ejercicios anteriores y con ello acceder a los beneficios que se brindan en la entidad.
“Por lo anterior, se plantea la actualización de costos por la certificación y/o validaciones de pagos de control vehicular realizados tanto en el Estado como en otras entidades federativas acorde con los procesos que conlleva su realización y como garantía de que el estado cuente con un concepto de ingreso específico para dichos fines”.